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El sectarismo y la soberbia del PP cuestan más de 13.000 euros a las arcas de la Diputación

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El sectarismo y la soberbia que caracterizan la gestión del PP en la Diputación le cuestan a las arcas de la Corporación provincial más de 13.000 euros en concepto de recargos, intereses de demora y costas judiciales. Según ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, estos sobrecostes son el resultado de haberse negado a pagar en su momento el servicio de recogida de animales abandonados prestado por la Mancomunidad Vega del Henares en los años 2014 y 2015, durante el mandato de la actual vicepresidenta primera, Ana Guarinos, máxima responsable del PP provincial.

 

Durante esos años, ha explicado García, la Mancomunidad estuvo prestando este servicio para los municipios de menos de 5.000 habitantes que previamente hubieran solicitado a la Diputación que se hiciera cargo de él, ante la imposibilidad de asumirlo con medios propios. Sin embargo, la Diputación se negó a firmar el convenio que regulaba la relación entre ambas entidades y también a pagar por la prestación del servicio.

 

Tanto Guarinos como el actual presidente, José Manuel Latre, han tenido las facturas guardadas en un cajón desde entonces, mientras se generaban recargos e intereses de demora, que la Diputación ha tenido que pagar finalmente tras una sentencia judicial que condenó en 2017 a la Corporación provincial, imponiéndole también el pago de las costas, cuyo coste ronda los 5.000 euros.

 

De hecho, el Pleno de la Diputación ha tenido que aprobar hoy mismo un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 27.042 euros, de los cuales 21.000 euros corresponden a la tasa por la prestación del servicio durante en 2015 y los 6.000 restantes son intereses de demora y recargos de apremio por no haber pagado en su momento esa anualidad y la anterior. Además, a finales del año pasado ya se hizo efectivo el pago de otros 18.600 euros correspondientes al año 2014, también con un 10% de recargo –otros 1.800 euros–.

 

“En consecuencia, la Diputación va a tener que abonar un sobrecoste del 33% por la soberbia de Guarinos y de Latre y por su afán de perjudicar a una Mancomunidad por pura y simple confrontación política. Por eso, creemos que esos 13.000 euros deberían salir del bolsillo de quienes dieron la orden de no pagar en su momento, en vez utilizar para ello el dinero público. Ni los pueblos ni los vecinos de la provincia tienen por qué soportar las consecuencias del sectarismo y la soberbia con que gobierna el PP”, ha asegurado García.

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