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Junio 2020

“El transporte en las comarcas de Sigüenza y Molina es un servicio público imprescindible para poder acceder a otros que aquí no existen”

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• El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, acompañado por el senador socialista Rafael Esteban, se unen a las reivindicaciones de las comarcas de Sigüenza y Molina de Aragón para recuperar las frecuencias de tres y autobús eliminadas durante la pandemia.

• La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha realizado junto a ellos el trayecto en tren hasta la estación seguntina, donde se han reunido con el alcalde de Molina, Francisco Javier Montes, para visibilizar ante los medios el problema que supone para estos territorios que no se recupere el servicio.


El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, y el senador socialista por Guadalajara, Rafael Esteban, han cogido hoy el tren que une la capital de la provincia con Sigüenza junto a su alcaldesa, María Jesús Merino, con el objetivo de visibilizar la importancia que este servicio de transporte tiene para toda la población de la Serranía de Guadalajara, territorio en el que este tren que parte de Madrid hace varias paradas más en su recorrido, como en Espinosa, Jadraque o Baides.

Esta línea de tren lleva años sufriendo diferentes recortes en su servicio, viéndose este afectado al igual que el resto del transporte público por la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Sin embargo se esperaba que el servicio regresara a la normalidad con el final del Estado de Alarma, algo que no ha sido así por el momento generando gran malestar en toda la comarca de la Serranía de Guadalajara.

Algo que está ocurriendo también en la comarca del Señorío de Molina, ya que el servicio de autobús entre Madrid y Valencia que pasa por Molina de Aragón y Teruel no ha recuperado frecuencias y mantiene a toda la zona con solo dos autobuses en dirección a Madrid en toda la semana, uno el viernes y otro el domingo, cuando antes había dos autobuses diarios para poder acudir a Guadalajara para poder atender asuntos tan esenciales como las consultas médicas con los especialistas en el Hospital Universitario.

Bellido lo tiene claro, “tenemos que combatir la despoblación, y estos servicios aunque no sean eficientes económicamente son imprescindibles desde el punto de vista de servicio público, ya que hay servicios esenciales que no se pueden prestar en Sigüenza o en Molina, entre otros los sanitarios, que requieren que la población se desplace a Guadalajara capital, por lo que tienen que tener la accesibilidad asegurada”, ha declarado hoy ante los medios frente a la estación de tren de Sigüenza.

Un servicio, el del ferrocarril que también considera muy importante desde el punto de vista turístico: “Se están haciendo importantes campañas en promoción turística y no hay mejor plan turístico para estas comarcas que mantener los servicios públicos de viajeros que traen a personas de Madrid y de Guadalajara capital a disfrutar de un patrimonio arquitectónico, natural y cultural como el que tenemos. Por eso queremos que vengan los turistas, porque sabemos que van a disfrutar mucho y porque van a dejar un retorno económico esencial para estos territorios”, ha señalado Bellido, que apunta a una solución cercana gracias a que “hoy tenemos el primer Gobierno de la historia que se preocupa y ocupa de verdad por el problema de la despoblación, y estamos convencidos de que van a mirar con sensibilidad esta problemática para corregir esta decisión de las empresas de transporte y mantener los servicios públicos. Es fundamental para nuestra provincia, no solo para Sigüenza y Molina, sino para vertebrar nuestro territorio y mantenerlo unido.”

Asunto en el que coincide plenamente el senador socialista por Guadalajara, Rafael Esteban, que reivindica el hecho de que, “tanto el ferrocarril como los autobuses son medios de transporte que acercan la población de los lugares que no queremos que desaparezcan a la capital de la provincia y del país. Por eso no son solo meros servicios de transporte, son servicios sociales necesarios para que la población que vive en nuestras comarcas rurales tengan la posibilidad de acceder a otros que no se prestan en sus territorios y a los que deben tener garantía de acceso”. Con ese objetivo Esteban apunta a que, “desde los lugares donde los socialistas tenemos representación no vamos a dejarles solos en sus reivindicaciones, y por eso hemos presentado ya dos preguntas en el Senado relativas a la devolución de las frecuencias que previamente a la pandemia tenía el ferrocarril que llega hasta Sigüenza y también el autobús que llegaba hasta la comarca de Molina de Aragón, añadiendo aún más dificultades a las posibilidades de movimiento que se les van quitando”.

Preocupación en las comarcas de Sigüenza y Molina

Por su parte, tanto el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, también presente en la atención a medios, como la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, han trasladado la profunda preocupación que crece entre la población de las comarcas en las que sus municipios ejercen como cabecera.

“Ya durante el confinamiento enviamos sendas cartas a Renfe y Adif solicitando que no se recortaran los trenes, pero desgraciadamente no ha sido así. Los trenes que se han suprimido son los que son esenciales para Sigüenza, los que permiten a la gente de aquí poder llegar a primera hora de la mañana a trabajar a Guadalajara o a Madrid, a la Universidad de Alcalá de Henares o al campus de Guadalajara para estudiar, e incluso para disfrutar del ocio los fines de semana en Madrid, pudiendo ir a primera hora y regresando a última, que es el otro tren que nos han quitado”, relata Merino, que enlaza esta necesidad con “la apuesta firme que hemos hecho por el turismo, por nuestra candidatura a ciudad Patrimonio de la Humanidad y que los turistas puedan venir hasta Sigüenza en distintos medios de transporte. Nos han quitado trenes y también nos han suprimido una línea de autobús que une Madrid y Zaorejas, pero que prestaba una conexión de autobús esencial para nosotros hacia Guadalajara”.

“La lucha contra la despoblación tiene que ir unida al mantenimiento de los servicios básicos, y sabemos que en el medio rural cuestan más, pero es que no es una cuestión de rentabilidad. La sanidad, la educación y el transporte no pueden ir ligados a un concepto de rentabilidad sino a un concepto de ofrecer un servicio público básico en las comarcas más despobladas, como es la de la Sierra Norte de Guadalajara”, ha concluido Merino en su alegato, al que siguió el del alcalde de Molina.

Francisco Javier Montes ha puesto voz no solo a la reivindicación del Ayuntamiento de Molina de Aragón, sino también la de “las mancomunidades de La Común de Molina, para que el autobús de línea Madrid-Valencia mantenga la misma estabilidad que tenía antes del inicio de la pandemia. Ahora mismo nos han dejado solo dos autobuses a la semana, uno el viernes y otro el domingo, lo que tiene muy preocupada a la gente del Señorío de Molina”, una situación que Montes refleja como “un hachazo más que puede ser mortal para la comarca y por eso queremos que la empresa adjudicataria del servicio haga su trabajo y, si no lo hacen, pedir al Ministerio de Fomento para que se lo exija. En la lucha contra la despoblación, tanto la sanidad, como la educación como la movilidad son servicios imprescindibles que tenemos que reivindicar”.

“El Gobierno regional está llegando a acuerdos históricos para recuperar Castilla-La Mancha en los que el único que no suma es el PP”

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• El diputado regional del PSOE por Guadalajara pone en valor “una medida histórica”, que va a ayudar 2.384 autónomos y 1.453 pequeñas empresas de Guadalajara a afrontar las dificultades económicas derivadas del cierre o las pérdidas provocadas por la COVID-19.

• “El Gobierno regional no necesita apoyos para sacar adelante sus propuestas, pero está llegando a acuerdos con todos, agentes sociales, tercer sector, agricultores y ganaderos, y partidos políticos para salir adelante todos juntos. El único que ha decidido quedarse solo es el PP”.

El diputado socialista por la provincia de Guadalajara en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pérez Torrecilla, ha comparecido hoy en rueda de prensa para valorar las últimas medidas adoptadas por el Gobierno regional dentro del Plan de Reconstrucción de Castilla-La Mancha tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Un día “especial”, dado que hace exactamente un año que se conformó esta cámara tras las últimas elecciones regionales, siendo elegido el alcarreño Pablo Bellido como Presidente de las Cortes de cara a una legislatura en la que ya se han aprobado 8 nuevas leyes a pesar del parón obligado por la pandemia.

Pérez Torrecilla ha querido destacar hoy el acuerdo del Gobierno para elevar hasta los 80 millones el montante total de la partida destinada a ayudas directas para los autónomos y micropymes de Castilla-La Mancha, “multiplicando por más de tres la cantidad inicial de 25 millones que se destinó para ello, y duplicando los 40 millones a los que estaba previsto llegar en virtud del Pacto por la Recuperación de Castilla-La Mancha alcanzado entre el Gobierno regional, el PSOE y Ciudadanos”, dando lugar a un plan de ayudas “que supone un acuerdo histórico, siendo la cantidad más elevada que se va a dar a autónomos y pymes en este país proporcionalmente a la población, lo que demuestra el compromiso del Gobierno regional movilizando más de 125 millones de euros en ayudas directas al tejido empresarial de la región, que al fin y al cabo son nuestras gentes y nuestros emprendedores”.
El incremento en la partida destinada a estas ayudas responde a la voluntad del Gobierno de atender todas y cada una de las casi 43.000 solicitudes recibidas, de las cuales casi 4.000 corresponden a la provincia de Guadalajara, 2.384 autónomos y 1.453 pequeñas empresas que recibirán entre junio y julio este ingreso directo.

“De la crisis se sale reconstruyendo entre todos, por eso se están tomando medidas sin precedentes para afrontar una crisis sin precedentes, también con ayudas para todos los niveles de la sociedad castellanomanchega, para el pago de vivienda habitual, para incrementar el personal en centros residenciales públicos y privados, para personas sin techo, para el sector agroalimentario, el tecnológico, el turismo o el comercio”, enfatizando en que, “el PP gestionó la anterior crisis aplicando recortes contra todos, y el PSOE está afrontando está trabajando con todos, menos con el PP, que no quiere pacta, no quiere colaborar ni luchar por Castilla-La Mancha”.

“El PP se ha quedado solo en su rechazo y se niega a sentarse a negociar las medidas necesarias para paliar los efectos del coronavirus, mientras que el Gobierno pacta con el resto de partidos del parlamento autonómico, con la patronal, con los sindicatos, con las asociaciones del tercer sector, agricultores, ganadores… ha pactado con todos los que han querido arrimar el hombro para salir adelante todos juntos”, ha resumido Pérez Torrecilla, que finaliza poniendo como ejemplo la última votación en las Cortes en la que el PP tampoco ha sido capaz de apoyar una declaración institucional para solicitar la liberación del uso de los superávits de los ayuntamientos para combatir la crisis del COVID-19 al Gobierno del país.

“En el PSOE somos conscientes de la importancia del momento histórico que estamos viviendo, y a pesar de que el Gobierno regional no necesita llegar a acuerdos con nadie porque tiene la mayoría suficiente está trabajando con todos, menos con el PP, que parece únicamente preocupado por disputar los votos que hay más allá de su derecha con VOX que en hacer algo útil por Castilla-La Mancha”.

“Con la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia protegeremos a las personas más vulnerables garantizando un futuro mejor”

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• Serrano recuerda que hoy se cumplen 35 años de la adhesión de España a la Comunidad Europea, “tiempo en el que hemos avanzado en derechos y libertades, y ahora, con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, hacemos a España un país más digno, más próspero y más justo”.

• La Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia comenzó el martes su tramitación en el Consejo de Ministros con el objetivo de garantizar la defensa de las personas menores de edad contra la violencia y los abusos, extendiendo la prescripción de delitos más allá de los 30 años.

“Hoy hace 35 años que España firmó su adhesión a la Comunidad Europea, 35 años en los que nuestro país ha ido avanzando en derechos y libertades, en los que el PSOE ha estado ahí garantizando políticas públicas, económicas y sociales progresistas consistentes en no dejar a nadie atrás. En 1985 fue el impulso de la educación pública; en 1986 el de la sanidad; en 1990 el sistema público de pensiones, en especial las no contributivas; en 2006 la Ley de Dependencia, y ahora, en 2020, un nuevo derecho que ya propusimos en el programa electoral de 2015, el Ingreso Mínimo Vital. España es desde ahora un país más digno, más próspero y más justo”.

Así ha concluido hoy su comparecencia ante los medios la senadora socialista por Guadalajara Riansares Serrano, quien ha vinculado la aprobación definitiva del Ingreso Mínimo Vital por parte del Congreso de los Diputados esta semana con el inicio de la tramitación de la nueva Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, una vez aprobado el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado martes. Esta nueva ley tendrá que ser también refrendada en el Congreso de los Diputados, una vez finalizada su tramitación parlamentaria. Una nueva ley que Serrano califica como “fundamental” para lograr proteger a los niños y niñas contra la violencia “consolidando sus derechos a ser felices, a vivir en paz y a desarrollarse en entornos adecuados”.

“Según Save the Children, uno de cada cuatro menores ha sido víctima de algún tipo de violencia, y eso no lo podemos consentir. La sociedad tiene que arbitrar mecanismos que garanticen sus derechos y protejan a los más débiles frente al abuso, la violencia y el maltrato y la explotación. De esto trata esta ley, de proteger a los menores y establecer de forma contundente tolerancia cero contra la violencia y la impunidad”, ha resumido la senadora ante las cámaras.

En el proyecto de ley se garantiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia “los derechos a la información, asesoramiento y a la protección integral, incluida la atención terapéutica y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, permitiendo que se personen en los procedimientos judiciales tanto ellos como las personas con discapacidad”, además de que refleja las medidas para “reforzar todas las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención en todos los ámbitos, tanto el familiar, como la educación, en las redes sociales o en el deporte, con programas públicos dotados de financiación para la erradicación de la violencia en la infancia y la adolescencia, comprometiendo a todos los actores”. Un aspecto este último que Serrano destaca señalando que la nueva ley establece “el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre ellos, aunque no sea constitutivo de delito, siendo incluso más exigente con aquellos colectivos profesionales que mantienen contacto habitual con personas menores”.

Por otro lado, en el nuevo texto legal se recogen modificaciones a las normas actualmente en vigor en las que se recogen las principales reclamaciones de las organizaciones de defensa de las víctimas de abusos y violencia, como es el hecho de que se extienda el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra menores, empezando a contar a partir de que la víctima cumpla los 30 años, no desde los 18, como marca la norma vigente. De esta forma, los delitos prescribirán entre 5 y 15 años después de que la víctima haya cumplido los 30 años, dependiendo de la gravedad del caso. Además, la nueva ley incluye la creación de la figura del “coordinador de bienestar y protección” en todos los centros escolares.

“Se trata de proteger a las personas más vulnerables, y sobre todo a los niños y a las niñas con el objetivo de alcanzar un futuro mejor”.

“El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos en Castilla-La Mancha da confianza y seguridad a la ciudadanía en momentos de incertidumbre”

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• Rafael Esteban: “se trata de poner toda la inteligencia en común, poner toda la buena fe en común para intentar que la crisis sanitaria, primero; económica y social, después, sea lo más leve posible”.

• “El PP no se ha presentado ni a una sola de las seis reuniones que se han mantenido para llegar a este acuerdo, en una muestra de desprecio que, lamentablemente, no se la hacen al PSOE o a Ciudadanos, se la están haciendo a toda la sociedad castellanomanchega”.

El PSOE de Castilla-La Mancha firmó ayer con el Gobierno regional y Ciudadanos el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de nuestra región ante la crisis del coronavirus, un acuerdo dirigido a blindar los servicios públicos y reactivar la economía y el empleo, cuya filosofía siempre ha sido incentivar la negociación para que todos los actores de la sociedad trabajen juntos, “si caminamos unidos, iremos más rápido”.

Ese es el mensaje que ha transmitido hoy el Secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, que ha querido valorar este importantísimo acuerdo en nuestra región, cuya firma tuvo lugar en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional, presidida por Emiliano García-Page.

Desde el primer momento el Gobierno de García-Page ha buscado tejer un acuerdo global, con una filosofía transversal que agrupara a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, empresariales, sindicales y del Tercer Sector, con el objetivo de “poner toda la inteligencia en común, poner toda la buena fe en común para intentar que la crisis sanitaria, primero; económica y social, después, sea lo más leve posible”, dando luz a este acuerdo político para el cual Esteban agradece enormemente “la buena disposición de Ciudadanos desde el principio, haciendo aportaciones, trabajando con seriedad y buena voluntad para unirse a un acuerdo que el Gobierno regional ya ha tejido previamente con sindicatos y empresarios”.

“Pactar siempre es positivo y siempre, sin ninguna duda, es un acto que da confianza y seguridad para la ciudadanía, poniendo en común los objetivos fundamentales que tenemos como sociedad, desde una actitud generosa enriqueciendo el acuerdo”, algo que, en palabras de Esteban, “Ciudadanos sí se ha esforzado en conseguir”.

La “nota discordante” sin embargo ha sido la actitud del PP, “que una vez más ha demostrado que, en nuestra comunidad autónoma, solo está para destruir y no para construir”, ha criticado, recordando que “Paco Núñez no se ha presentado ni a una sola de las seis reuniones que se han mantenido para llegar a este acuerdo, en una muestra de desprecio que, lamentablemente no se la hacen al PSOE o a Ciudadanos, se la están haciendo a toda la sociedad castellanomanchega”.

“Es inadmisible que, ni siquiera en una crisis tan grave, el PP sea capaz de poner ideas en común para buscar un acuerdo de la buena fe y dedique todas sus energías a llamarnos terroristas a los socialistas y a culpar al Gobierno de Castilla-La Mancha de una pandemia que está matando a cientos de miles de personas en todo el mundo”, ha aseverado Esteban, visiblemente decepcionado.

“Solo pido, una vez más, que el PP contribuya en algo para paliar la crisis económica que se nos avecina. Ya que toda la ciudadanía ha sido testigo de que el PP no ha sido capaz de mover ni un dedo para paliar la pandemia ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha, al menos ahora tienen la oportunidad de dejar atrás la confrontación para arremangase y ayudar a la sociedad de la que forman parte”, ha finalizado Esteban. “Yo creo que no es mucho pedir a unas personas que se supone que están en política para mejorar la sociedad. O al menos eso dicen”.

“El Ingreso Mínimo Vital es el derecho más importante que se aprueba en España desde la creación de la Ley de Dependencia”

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• Magdalena Valerio resume cómo será la puesta en marcha de esta nueva prestación social del Estado, que podrá solicitarse a partir del 15 de junio, y se estima que en Guadalajara pueda llegar a beneficiar a entre 2.300 y 4.000 familias en situación de exclusión social o grave riesgo de caer en ella.

• “En el PSOE lo incorporamos a nuestro programa ya en 2015, formando parte también de nuestro acuerdo de Gobierno con UP para su puesta en marcha en el segundo semestre de este año, algo que se ha precipitado debido a la crisis económica que ha desatado el COVID19”

“El Ingreso Mínimo Vital es el derecho subjetivo más importante que se aprueba en España desde la Ley de Dependencia. En el PSOE lo incorporamos a nuestro programa Electoral ya en el año 2015, formando parte también de nuestro acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos, estando prevista su puesta en marcha para el segundo semestre de este año, algo que se ha precipitado debido a la crisis económica que ha desatado el COVID19”. Así resume Magdalena Valerio, diputada socialista por Guadalajara y exministra de Trabajo y Seguridad Social, la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de esta nueva prestación social contributiva que pretende acabar con la pobreza en España.

“A pesar de tener una de las economías más potentes de Europa, España lleva mucho tiempo conviviendo con unos niveles de pobreza en general y de pobreza infantil en particular que son intolerables” ha señalado Valerio, que recuerda el hecho de que la distribución de la renta entre hogares en nuestro país es de las más desiguales de la UE, “como nos lo ha señalado la propia UE, la OCDE o la ONU, además de diversos Informes de Ong’s y la Encuesta de Condiciones de Vida”. Una radiografía de nuestro país que muestra “el daño sufrido en los años de recesión, y que ahora vuelve a producirse como consecuencia de esta pandemia”.

En palabras de Valerio, el IMV “va a garantizar unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos e implicará una inversión de aproximadamente 3.000 millones de euros al año provenientes de los PGE con el objetivo de paliar la situación de pobreza de uno 850.000 hogares”, lo que viene a ser un total de casi 3 millones de personas que viven en la pobreza en nuestro país (2’3 millones sufren pobreza extrema y 550.000 personas pobreza muy alta), “además siempre con un plus de apoyo para las familias monoparentales, que recibirán un extra de 100 euros mensuales”.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en nuestra región el IMV podría llegar a entrono las 40.000 familias, de ellas unas 4.000 en Guadalajara, partiendo de que las 2.300 familias que ya perciben el Ingreso Mínimo de Solidaridad de la JCCM recibirán de manera prácticamente automática esta nueva prestación social del Estado. “Las cuantías dependerán de la situación económica de partida de cada persona u hogar, teniéndose en cuenta sus rentas y también su patrimonio”, aclara Valerio, que enfatiza en que podrán percibir el IMV también personas que se encuentren trabajando, pero cuyos ingresos no les permitan llegar a uno estándares mínimos de calidad de vida para sus familias.

La tramitación de este nuevo derecho le corresponderá al INSS, si bien se articularán convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos, ya que “además de la integración laboral de la personas lo que se pretende es conseguir una inclusión amplia, porque a veces la situación de pobreza parte de importante déficits educativos o problemas de salud”, un objetivo para el cual “es fundamental contar con la cooperación de los Servicios Sociales y servicios de Empleo de regiones y municipios, que son los tienen un contacto más directo con las personas en situación de exclusión social y así poder diseñarles itinerarios personalizados de inclusión”. Además, se contará también con la cooperación del Tercer Sector.

Para la puesta en marcha del IMV el INSS hará un cálculo inicial de las prestaciones que les corresponden a todas las familias que ya perciben ayudas por hijos a cargo, las cuales comenzarán a percibir el IMV de forma automática a partir de este mes de junio. Se estima que serán unas 100.000 en toda España, mientras que el resto “podrán solicitarla a partir del 15 de junio, por vía telemática, por correo o a través de una línea 900 que se va a poner en marcha, siendo además su asignación con carácter retroactivo, es decir, que todas las familias a las que se les conceda el IMV hasta el 15 de septiembre recibirán la ayuda que les corresponde por derecho desde el 1 de junio”.

Destinatarios y órganos de control

Respecto a las personas que pueden solicitar el IMV, Valerio recuerda que esta ayuda “no solo se dirige a personas desempleadas o demandantes de empleo, sino también a personas u hogares con ingresos muy bajos o empleos temporales muy precarios, estableciendo una red de protección mínima y común para toda España cuya cuantía asignada en cada caso dependerá de la situación económica del hogar, pudiendo ser incrementada por las Comunidades Autónomos si así lo consideran”.

Podrán solicitar el IMV las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si tiene menores a cargo, siempre que se acredite al menos un año de residencia legal en España, siendo el umbral mínimo de renta garantizada de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola y no tenga otros ingresos, y un máximo 1.015 euros al mes. La prestación del IMV que le corresponda a una familia será incrementada en 139 euros por cada persona que forme la unidad familiar, recibiendo las monoparentales un complemento de 100 euros al mes debido a su situación especial. Unas ayudas que se podrán complementar con ciertas actividades laborales, si bien Valerio enfatiza en que “habrá un régimen sancionador tanto para las personas que engañen a la administración como para las empresas que colaboren en ello, del mismo modo que se otorgará un distintivo oficial de responsabilidad social a las que colaboren con el Estado en la inserción laboral de estas personas”.

Respecto al seguimiento y control del funcionamiento del IMV, la diputada y exministra remarca que existirá “tanto una Comisión de Seguimiento, con representación del Ministerio de Seguridad Social, la Vicepresidencia segunda, el Ministerio de Igualdad, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamiento, como un Consejo Consultivo en el que participarán también las entidades del Tercer Sector y las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas”, realizándose además “una evaluación anual de su funcionamiento por parte de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque queremos que esta sea una política pública que realmente llegue a las personas que lo necesitan”.

“El objetivo fundamental del Ingreso Mínimo Vital es reducir los niveles de pobreza severa que hay en nuestro país, haciendo una apuesta por la justicia y la cohesión social que, sin lugar a dudas, es la mayor garantía de la paz y la estabilidad”, ha finalizado Valerio.

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